El tantas veces anunciado plan para que los ayuntamientos (y las comunidades autónomas) paguen sus facturas pendientes a los proveedores se saldará finalmente con más deuda pública y el pago de los intereses correspondientes por parte de todos los españoles a través de los presupuestos locales, autonómicos y del Estado. La banca se embolsará con la operación 6.000 millones de euros, de los que ganará 4.000 millones.
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El último Consejo de Ministros aprobaba finalmente el plan para el pago de las facturas pendientes de ayuntamientos y comunidades autónomas, mediante una fórmula que no está publicada ni en el BOE ni en ninguna parte, y que es fruto de un acuerdo inicial al que ha llegado el Ministerio de Economía, dirigido por Luis de Guindos, con la mayor parte de las entidades financieras.
El mecanismo inventado tiene algunas complicaciones importantes, pero básicamente consiste en que los bancos adelantan el dinero durante cinco años, por los que cobran sus intereses, y después el Estado se hace cargo del préstamo por otros cinco años más.
Ni el Ministerio ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría han explicado en qué se traduce eso, pero El Plural puede adelantar que la banca ingresará más de mil millones de media por cada año de los cinco que le corresponden y el Estado tendrá que emitir deuda pública por unos 25.000 millones en 2017.
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