El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a pagar 243
millones de euros a la Junta de Andalucía por errores cometidos en los cálculos
de la financiación sanitaria en los años 2003 y 2004. La Justicia ha dado la
razón a la Consejería de Economía que impugnó la asignación del gobierno central
que era muy inferior a la que correponde por ley a la comunidad.
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La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha
informado que los 243 millones de euros que el Gobierno central tendrá que
devolver a la comunidad, en cumplimiento de dos sentencias del Supremo que
vienen a dar la razón a la Junta de Andalucía de que en los ejercicios 2003 y
2004, el Gobierno de España cometió errores en el cálculo de la financiación
sanitaria, “podrá aliviar el compromiso del plan de reequilibrio que tenemos
puesto en marcha en este momento para el cumplimiento del objetivo de
estabilidad”.
La Junta recurrió porque Aznar perjudicaba a Andalucía
Montero ha recordado que en los ejercicios 2003 y 2004 el sistema de financiación era finalista y ligado al PIB, de tal manera que aquellas comunidades que ya habían asumido la gestión sanitaria obtenían su financiación vía el Estado (integra a salud) en función de los crecimientos de su PIB. ”En aquel momento, decidimos recurrir porque entendíamos que perjudicaba los intereses de Andalucía y que se dejaron de recibir en su día esos más de 200 millones de euros porque se estaba haciendo mal el cálculo de la financiación”, ha sostenido Montero, en referencia a la aplicación “errónea” que hizo el Gobierno de la ley 21/2001, que establecía que las comunidades percibirían en los tres primeros años (de 2002 a 2004) un incremento de la financiación cuyo porcentaje se ligaba a la evolución del PIB nominal a precios de mercado (PIB más inflación).
La Junta recurrió porque Aznar perjudicaba a Andalucía
Montero ha recordado que en los ejercicios 2003 y 2004 el sistema de financiación era finalista y ligado al PIB, de tal manera que aquellas comunidades que ya habían asumido la gestión sanitaria obtenían su financiación vía el Estado (integra a salud) en función de los crecimientos de su PIB. ”En aquel momento, decidimos recurrir porque entendíamos que perjudicaba los intereses de Andalucía y que se dejaron de recibir en su día esos más de 200 millones de euros porque se estaba haciendo mal el cálculo de la financiación”, ha sostenido Montero, en referencia a la aplicación “errónea” que hizo el Gobierno de la ley 21/2001, que establecía que las comunidades percibirían en los tres primeros años (de 2002 a 2004) un incremento de la financiación cuyo porcentaje se ligaba a la evolución del PIB nominal a precios de mercado (PIB más inflación).
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